La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado sin votación una nueva jornada internacional para visibilizar una práctica que todavía afecta a millones de niñas en todo el mundo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido el 27 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, una decisión adoptada el pasado 4 de septiembre mediante la resolución A/RES/80/309. La aprobación se produjo sin votación, reflejando el consenso de los Estados miembros sobre la necesidad de reforzar la respuesta internacional frente a esta vulneración de derechos.
La creación de esta jornada supone un nuevo reconocimiento internacional de una realidad que, pese a los avances registrados en las últimas décadas, continúa afectando especialmente a niñas y adolescentes.
12 millones de niñas al año
El matrimonio infantil se refiere a las uniones en las que al menos una de las personas es menor de 18 años. Aunque la práctica también afecta a niños, las niñas representan la mayoría de las personas afectadas y soportan consecuencias especialmente graves relacionadas con la violencia, la interrupción de los estudios, los embarazos tempranos y la pérdida de autonomía.
Según datos de UNICEF, alrededor de 12 millones de niñas son casadas cada año antes de cumplir los 18 años. Aunque la proporción de mujeres jóvenes que contrajeron matrimonio durante su infancia ha disminuido a nivel mundial, el ritmo de avance continúa siendo insuficiente para alcanzar el objetivo de acabar con esta práctica para 2030.
El problema tampoco se distribuye de manera homogénea. La pobreza, la desigualdad de género, la falta de acceso a la educación, las normas sociales discriminatorias y las situaciones de conflicto o crisis pueden aumentar el riesgo de que niñas y adolescentes sean obligadas a contraer matrimonio.
Una vulneración de derechos, no una tradición
El matrimonio infantil, precoz y forzado no puede entenderse únicamente como una cuestión cultural o familiar. Se trata de una vulneración de los derechos de niñas y adolescentes que puede limitar su acceso a la educación, a la salud y a la participación social, además de aumentar su exposición a distintas formas de violencia.
La propia ONU incluye desde hace años la eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado entre los objetivos internacionales relacionados con la igualdad de género. En concreto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 plantea acabar con esta práctica como parte de la lucha contra la discriminación y la violencia hacia mujeres y niñas.
La nueva jornada internacional busca precisamente mantener esta cuestión dentro de la agenda global y generar un espacio anual para reforzar las políticas de prevención, protección y respuesta.
¿Y qué ocurre en España?
Aunque España cuenta con un marco legal que reconoce y sanciona el matrimonio forzado, la existencia de legislación no garantiza por sí sola que todas las víctimas puedan acceder a protección.
La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, incluye expresamente el matrimonio forzado entre las violencias sexuales y establece medidas de prevención, detección y atención. La norma también contempla la creación de protocolos para detectar estos casos y la necesidad de formación especializada para profesionales que intervienen en la prevención y atención a las víctimas.
Además, el Código Penal contempla específicamente el delito de matrimonio forzado y establece penas más graves cuando la víctima es menor de edad.
Sin embargo, organizaciones feministas y de derechos humanos llevan años señalando la importancia de que estas herramientas legales estén acompañadas de recursos suficientes, formación especializada y coordinación entre los diferentes servicios e instituciones.
Desde la Federación de Mujeres Progresistas, a través de la Red NO ACEPTO, han celebrado la aprobación de este nuevo día internacional y han señalado precisamente la necesidad de que los avances normativos se traduzcan en protección efectiva para las víctimas.
La creación del 27 de noviembre como jornada internacional supone, así, un paso más en el reconocimiento del problema. Pero la fecha, por sí sola, no acaba con el matrimonio infantil.
El reto está en conseguir que detrás del reconocimiento internacional lleguen políticas públicas, recursos y mecanismos de protección capaces de garantizar que ninguna niña tenga que dejar de ser niña para convertirse en esposa.
