La igualdad entre hombres y mujeres continúa siendo una asignatura pendiente en buena parte del mundo. Aunque durante los últimos años numerosos países han impulsado reformas para mejorar los derechos de las mujeres, la realidad es que el progreso sigue siendo insuficiente y demasiado lento para responder a los desafíos económicos y sociales actuales.
Así lo refleja el informe Women, Business and the Law 2026, elaborado por el Banco Mundial, que analiza la situación de 190 economías y concluye que las mujeres siguen disfrutando de menos de dos tercios de los derechos económicos reconocidos a los hombres. Además, apenas el 4% de las mujeres del planeta vive en países que se acercan a una igualdad legal plena, mientras que ninguna economía ha conseguido establecer el conjunto completo de derechos necesarios para garantizar una participación económica completamente igualitaria.
La igualdad legal avanza, pero su aplicación continúa siendo el gran reto
Uno de los principales mensajes del estudio es que aprobar leyes no garantiza automáticamente que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
El Banco Mundial introduce este año una metodología más amplia que no solo evalúa las normas existentes, sino también los mecanismos institucionales que facilitan su aplicación y la percepción de expertos sobre si esas leyes realmente se cumplen.
Los resultados muestran una importante brecha entre la legislación y la realidad. Aunque muchos países han aprobado normas que reconocen derechos iguales, únicamente alrededor de la mitad de las políticas necesarias para hacer efectivas esas leyes están realmente implantadas, mientras que los niveles de cumplimiento continúan siendo limitados.
Más de mil millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en la próxima década
El informe advierte de que el momento resulta especialmente crítico.
Durante los próximos diez años 1.200 millones de jóvenes accederán al mercado laboral mundial, aproximadamente la mitad mujeres. Sin embargo, muchas de ellas lo harán precisamente en regiones donde persisten los mayores obstáculos legales para su desarrollo profesional, como África Subsahariana, Asia Meridional o Oriente Medio y Norte de África.
Esta situación supone, según el Banco Mundial, un importante freno para el crecimiento económico global, ya que limita el acceso de millones de personas al empleo, al emprendimiento y a la generación de riqueza.
Emprender sigue siendo mucho más difícil para las mujeres
Uno de los ámbitos donde la desigualdad continúa siendo especialmente evidente es el acceso a la financiación.
Aunque prácticamente todos los países permiten legalmente que una mujer cree una empresa, solo alrededor de la mitad garantiza un acceso igualitario al crédito y a los recursos financieros. Esta limitación dificulta que las empresas lideradas por mujeres puedan crecer, innovar o competir en igualdad de condiciones.
68 países aprobaron reformas durante los dos últimos años
Pese al diagnóstico, el informe también identifica avances relevantes.
Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, 68 economías aprobaron un total de 113 reformas destinadas a ampliar las oportunidades económicas de las mujeres. Las medidas incluyen mejoras en la protección frente a la violencia, ampliación de permisos parentales, impulso a los servicios de cuidado infantil, garantía de igualdad salarial y eliminación de restricciones laborales discriminatorias.
Países como Egipto, Jordania, Kirguistán, Madagascar, Omán o Somalia figuran entre los ejemplos destacados por haber impulsado cambios legislativos significativos.
No obstante, el Banco Mundial insiste en que estas reformas todavía resultan insuficientes para cerrar la brecha existente.
La tecnología puede acelerar la igualdad… o crear nuevos riesgos
El informe dedica un capítulo específico al papel de la digitalización en la igualdad económica.
Por un lado, destaca cómo las herramientas digitales están facilitando el acceso de las mujeres a servicios públicos, prestaciones sociales, documentación administrativa o mecanismos de protección jurídica.
Entre los ejemplos recogidos figuran los nuevos sistemas digitales para solicitar pasaportes en Filipinas, las plataformas de prestaciones sociales en Estonia, los portales de ayudas al cuidado infantil en Jordania y Malasia o los servicios electrónicos para denunciar delitos digitales y violencia de género en países como Nigeria o Sudáfrica.
Sin embargo, el mismo proceso de digitalización está generando nuevas amenazas.
El crecimiento del acoso online, la violencia digital y el uso de tecnologías como los deepfakes, la clonación de voz o los contenidos sintéticos impulsados por inteligencia artificial está incrementando la exposición de las mujeres a nuevas formas de violencia.
Entre 2023 y 2025, siete países aprobaron legislación específica contra el ciberacoso, aunque el Banco Mundial considera que los marcos regulatorios todavía evolucionan más lentamente que la tecnología.
Las leyes funcionan mejor cuando existen políticas públicas que las respaldan
Otra de las conclusiones relevantes es que los países con mejores resultados son aquellos que acompañan las reformas legales con instituciones, financiación y políticas públicas específicas.
El informe recoge ejemplos como la estrategia de emprendimiento femenino en Canadá, los planes nacionales de igualdad en Jordania, programas de acceso a la tierra en Níger o los sistemas integrales de protección frente a la violencia de género implantados en España, que combinan atención sanitaria, asistencia jurídica, alojamiento de emergencia y apoyo para la reintegración social.
Una oportunidad económica todavía desaprovechada
El mensaje final del Banco Mundial es claro: avanzar hacia la igualdad no constituye únicamente una cuestión de derechos, sino también una decisión económica.
La institución considera que permitir una participación plena de las mujeres en el mercado laboral incrementaría la productividad, ampliaría la base fiscal y contribuiría a construir economías más resilientes e inclusivas.
Sin embargo, para conseguirlo será necesario acelerar las reformas pendientes, garantizar que las leyes se apliquen de forma efectiva y reforzar las instituciones que permiten convertir los derechos reconocidos sobre el papel en oportunidades reales para millones de mujeres en todo el mundo.
