En 1997, Celia Ramos, madre y vecina del pequeño poblado de La Legua, en Piura, acudió a un centro de salud en busca de atención médica. Lo que debía ser una consulta más, se convirtió en una tragedia que marcaría para siempre a su familia. Tras ser presionada en múltiples ocasiones por personal médico, Celia fue sometida a una ligadura de trompas bajo promesas de que era un procedimiento rápido, indoloro y que no afectaría su vida cotidiana.
Nada de eso fue cierto. Ramos sufrió complicaciones graves tras la intervención y falleció 19 días después. Su hija, Marisela Monzón Ramos, asegura que la familia nunca recibió información clara ni respuestas por parte del Estado peruano. Hoy, 27 años después, su historia llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como un símbolo de una política sistemática de esterilizaciones forzadas.
Esterilizaciones forzadas: una política de Estado
Entre 1996 y 2000, más de 200.000 mujeres en Perú —la mayoría indígenas, rurales, analfabetas y en situación de pobreza— fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, promovido por el gobierno de Alberto Fujimori. Organizaciones de derechos humanos han documentado que muchas de estas mujeres no dieron su consentimiento libre e informado, fueron engañadas o directamente forzadas.
Según Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, “este no es un caso aislado, sino un ejemplo representativo de violaciones masivas cometidas por una política que tenía como objetivo esterilizar a mujeres vulnerabilizadas por su origen y condición social”.
El testimonio de Marisela: “Nosotras seguimos en pie de lucha”
Durante la audiencia en la Corte IDH, Marisela relató el dolor vivido por su familia. Ella y sus hermanas eran solo niñas cuando su madre murió. Pasaron 19 días sin explicaciones claras, esperando en vano su recuperación. “Fue devastador. Nuestra familia se desmoronó. Perdimos a nuestra madre, a la mujer que nos apoyaba y que era querida por toda la comunidad”.
La familia de Celia no ha recibido justicia ni reparación por parte del Estado peruano, y aún enfrentan la indiferencia de un sistema que no ha reconocido oficialmente la magnitud de estas violaciones.
¿Qué busca la demanda internacional?
El caso de Celia Ramos ha sido llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte, al considerar que el Estado peruano violó derechos fundamentales. La Comisión determinó que:
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Celia no prestó un consentimiento libre e informado debido a la falta de información clara sobre el procedimiento.
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El centro médico no contaba con condiciones mínimas para realizar una esterilización segura.
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La atención posterior fue deficiente, lo que derivó en su muerte.
Las organizaciones que acompañan el proceso piden que se reconozca el carácter de crimen de lesa humanidad, ya que se trató de una política sistemática, masiva y discriminatoria. Esto abriría la puerta a reabrir investigaciones contra responsables que aún viven, como los exministros de Salud de la época.
Un precedente para América Latina
Este caso podría convertirse en un precedente clave en la región. Las organizaciones defensoras de derechos reproductivos insisten en que se debe reconocer la violencia reproductiva como una forma de violencia de género. Además, exigen que el Estado peruano implemente políticas públicas que garanticen el respeto a la autonomía reproductiva de todas las personas.
Catalina Martínez subraya que “lo que vivió Celia Ramos no puede volver a repetirse. Este caso puede marcar un antes y un después para que la autonomía de las mujeres no se vea más vulnerada por políticas estatales coercitivas”.
La lucha continúa
Más de dos décadas después, el nombre de Celia Ramos sigue resonando con fuerza. Su historia no es solo una denuncia, sino un grito colectivo por justicia, memoria y reparación. Marisela y su familia siguen luchando, no solo por su madre, sino por todas las mujeres que fueron silenciadas.
“La hemos necesitado en cada momento de nuestras vidas. Le arrebataron sus sueños, sus proyectos, su derecho a decidir”, dijo Marisela. “Y aunque nada nos la devuelva, exigimos verdad, justicia y reparación”.
