El Ayuntamiento de Madrid, donde el Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida gobierna, aprobó una propuesta de Vox que obliga a difundir el llamado “síndrome posaborto” en centros públicos.
La medida exige que trabajadoras y trabajadores de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad y el Samur Social informen a las mujeres que soliciten un aborto de supuestos efectos como depresión, alcoholismo, trastornos de sueño, disfunciones sexuales o incluso autolesiones. La información deberá transmitirse de forma verbal, escrita y visible en las instalaciones, además de publicarse en las webs oficiales.
La propuesta fue impulsada por la concejala de Vox, Carla Toscano, y respaldada por el PP. “Somos el partido de la vida”, defendió el concejal popular José Fernández, quien además aseguró que el aborto es “un fracaso” y que deben impulsarse políticas para aumentar la natalidad.
Una información precisa y libre
Desde la oposición, Más Madrid y el PSOE criticaron la medida como un nuevo intento de obstaculizar el derecho al aborto. La edil Ana Carolina Elías recordó que en la Comunidad de Madrid apenas el 0,31% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad pública, lo que obliga a muchas mujeres a asumir entre 300 y 500 euros de coste. A su vez, la socialista Meritxell Tizón insistió en que la información sobre el aborto debe ser precisa y libre de juicios de valor.
Expertos en salud mental y contracepción también han cuestionado la propuesta. José Cruz, de la Sociedad Española de Contracepción, tachó la medida de “ideológica” y poco útil para mujeres que atraviesan un proceso ya de por sí complejo. Fernando Chacón, del Consejo General de Psicología, recalcó que el “síndrome posaborto” no aparece en ninguna de las clasificaciones internacionales de trastornos mentales, como el DSM-5 o la CIE-11, por lo que no existe aval científico para considerarlo una enfermedad.
¿Qué dicen los estudios?
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El APA Task Force on Mental Health and Abortion (2008) hizo una revisión rigurosa de decenas de estudios y concluyó que el aborto voluntario en primer trimestre no incrementa el riesgo de trastornos mentales en comparación con llevar a término un embarazo no deseado.
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El Guttmacher Institute reafirma que “no hay evidencia creíble de que el aborto, por sí mismo, cause daño mental”.
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Estudios más recientes muestran que, una vez controlados los factores de riesgo previos (historial de salud mental, violencia, estigma, apoyo social), no hay diferencias consistentes en tasas de depresión, ansiedad o ideación suicida entre mujeres que abortan y aquellas que continúan embarazos no deseados. PMC+2psychiatryonline.org+2
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El panorama contrario —que la restricción del aborto genere mayores daños para la salud mental— también está documentado. Ser negada una IVE deseada se asocia a mayores niveles de estrés, ansiedad y empeoramiento del bienestar psicológico.
Mientras tanto, desde colectivos feministas y profesionales de la salud se advierte que este tipo de medidas no solo desinforman, sino que refuerzan el estigma y la presión social sobre las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.



