Hoy, si me lo permitís, voy a ser breve. Comenzamos la semana con una noticia predecible y, sobre todo, evitable. Una educadora social ha sido asesinada en el piso tutelado en el que trabajaba a manos de tres menores que estaban a su cargo. A pesar de las súplicas de ayuda, de haber pedido en innumerables ocasiones más recursos y más seguridad, no ha valido de nada.
No fue mala suerte, fue precariedad
No ha sido mala suerte. No estaba en el momento equivocado ni en el lugar equivocado. No. Ha sido la precariedad de una profesión desprotegida y desregulada. No es un caso aislado.
Escribo desde la impotencia. Porque esto podría haberse evitado, pero no hemos sabido hacerlo. Necesitamos seguridad, protocolos efectivos, formación para la gestión de este tipo de crisis. Necesitamos que la realidad de miles de compañeras sea, de una vez por todas, escuchada.
Violencia y desgaste emocional: el día a día de la educación social
Las profesionales de la intervención social en este sector se enfrentan, día a día, a un desgaste emocional inhumano: agresiones físicas, violencia verbal, insultos, amenazas…
Y ha tenido que pasar lo que llevábamos tanto tiempo advirtiendo para que se nos dé voz. Basta ya. Necesitamos que se ponga en valor lo que hacemos, que se cuide la profesión y, sobre todo, a las profesionales.
Un punto de inflexión: la educación social necesita reconocimiento
Este suceso, al que nunca deberíamos haber llegado, debe ser un punto de inflexión. Necesitamos más recursos, más apoyo, más legitimación. La educación social es esencial para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y, como tal, debemos darle a la profesión el valor que merece.
Educadores y educadoras sociales, desde nuestros colegios profesionales, exigimos condiciones laborales dignas, equipos suficientes y espacios seguros. No podemos acompañar si estamos desamparadas. La desprotección que sufrimos afecta directamente a nuestro trabajo, impidiendo que podamos garantizar la calidad que las intervenciones deben y queremos que tengan.
Pedimos lo que cualquier persona merece: la seguridad de saber que vamos a volver a casa.
Luchar por una sociedad justa no puede costarnos la vida
No nos sentimos desprotegidas. Estamos desprotegidas, por un sistema privatizador que cada vez nos deja más desamparadas, tanto a las profesionales como a las personas a las que acompañamos. Tan solo pedimos que luchar por una sociedad más justa no nos cueste la vida.
