Abortar es legal en España desde hace más de una década. Está en la ley, está en los discursos institucionales y está, en teoría, garantizado por la sanidad pública. Pero la realidad es bastante menos idílica: ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sigue siendo, para muchas mujeres, una carrera de obstáculos.
Un reciente análisis sobre el acceso al aborto en España, realizado por la Federación Mujeres Jóvenes, desmonta el mito de que “todo funciona” y pone el foco en un problema estructural: el derecho existe, pero el sistema no siempre acompaña.
Un laberinto sanitario sin mapa
El primer choque llega nada más empezar. No hay un itinerario claro, común ni bien explicado para acceder a una IVE. En Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema, la información suele ser escasa, confusa o directamente inexistente.
El resultado: retrasos innecesarios, derivaciones poco claras y mujeres que avanzan a ciegas contra el reloj. Y cuando hablamos de plazos legales, el tiempo no es un detalle menor.
Elegir, pero solo si el sistema quiere
La ley reconoce el derecho a elegir el método de aborto. En la práctica, esa elección está bastante condicionada.
El aborto farmacológico se ha generalizado, no siempre porque sea la mejor opción médica, sino porque requiere menos recursos, menos personal y esquiva con mayor facilidad la objeción de conciencia. El método instrumental, por su parte, sigue concentrándose en centros privados acreditados.
Así, lo que debería ser una decisión informada se convierte muchas veces en una opción impuesta.
La sanidad pública mira hacia otro lado
Más del 80 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizan en centros privados. Sí, aunque el aborto sea un derecho reconocido dentro del sistema público.
Hay comunidades autónomas donde no se practica ni una sola IVE en hospitales públicos desde hace años. Esta externalización no es casual ni puntual: es estructural. Y tiene consecuencias muy claras en términos de desigualdad territorial y acceso real a los derechos sexuales y reproductivos.
Objeción de conciencia: cuando el derecho se bloquea
La objeción de conciencia del personal sanitario está reconocida por ley, pero su aplicación se mueve en una peligrosa zona gris. No hay registros transparentes, ni mecanismos de control eficaces, ni garantías de que no se utilice como excusa institucional.
En algunos territorios, la objeción es tan generalizada que ningún hospital público realiza abortos quirúrgicos. ¿La consecuencia? Mujeres obligadas a desplazarse cientos de kilómetros para ejercer un derecho que, en teoría, ya tenían.
Falta de información, también para quienes atienden
La desinformación no afecta solo a quienes buscan abortar. Muchos profesionales sanitarios no cuentan con formación actualizada sobre procedimientos, plazos o derechos.
Este vacío informativo genera inseguridad, errores en la atención y más retrasos. Y cuando el sistema no sabe —o no quiere— explicar cómo funciona, las barreras se cronifican.
Las más vulnerables, las más perjudicadas
Si abortar ya es complicado, para algunos colectivos lo es todavía más. Mujeres migrantes en situación administrativa irregular, adolescentes, mujeres con discapacidad, víctimas de violencia machista o personas sin red familiar se enfrentan a obstáculos añadidos.
Burocracia excesiva, exigencias que no marca la ley y filtros administrativos que acaban excluyendo a quienes más protección necesitarían. Todo ello, pese a que el derecho a la IVE debería estar garantizado sin discriminación.
Un derecho que no se sostiene solo
El aborto en España es legal, sí. Pero la legalidad no basta cuando el acceso depende del código postal, del hospital que te toque o de la voluntad del personal sanitario.
Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo no es solo aprobar leyes: es asegurar que el sistema público funcione, informe y acompañe. Porque un derecho que no se puede ejercer en condiciones no es un derecho pleno.
Y en 2025, seguir peleando por esto no debería ser necesario.
