Desde 2003, la violencia de género ha cobrado la vida de 442 mujeres extranjeras en España, representando un 34,2 % del total de feminicidios registrados. En 2024, por primera vez, las víctimas extranjeras superaron a las españolas, alcanzando el 51 % del total, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revela EFE Feminista. Esta tendencia resalta la necesidad de una respuesta más efectiva para proteger a las mujeres migrantes, un colectivo que enfrenta barreras adicionales en su lucha contra la violencia.
Mujeres extranjeras, más vulnerables
La tasa de feminicidios entre mujeres extranjeras en España es significativamente mayor: 8,32 por cada millón de mujeres frente a 1,68 en el caso de las españolas. Este grupo, que constituye apenas el 12 % de la población femenina, está desproporcionadamente representado en las estadísticas de violencia de género.
Las mujeres migrantes no solo denuncian más que las españolas (un 38,5 % frente al 15,6 %), sino que también enfrentan más obstáculos para obtener órdenes de protección.
En España, mujeres de 60 nacionalidades han perdido la vida a causa de la violencia de género. Los países con mayor número de víctimas fueron Marruecos (52 casos), Rumanía (47), Ecuador (38), Colombia (29), Bolivia (25), Brasil (19), Reino Unido (19), República Dominicana (15), Argentina (13), Paraguay (13), Alemania (12), Rusia (12), China (11) y Perú (11).
Desafíos estructurales y barreras legales
El estatus migratorio es un factor crítico que dificulta el acceso a recursos de protección. Las víctimas en situación irregular, en particular, temen denunciar por miedo a represalias legales o deportación. Además, la ley española limita el acceso a la residencia temporal únicamente a aquellas mujeres que cuentan con una orden de protección o un informe del ministerio fiscal, excluyendo otras formas de acreditación como los informes de servicios sociales o sanitarios.
Desde Europa, el Grupo GREVIO ha expresado preocupación por esta desproporción y ha instado a España a garantizar mayor apoyo y protección para las mujeres migrantes, eliminando barreras administrativas y culturales que perpetúan su vulnerabilidad.
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Un llamado a la acción
Organizaciones como AIETI exigen políticas públicas inclusivas que atiendan las diversas realidades de las mujeres migrantes. Además, abogan por la formación de operadores judiciales y la mejora de los recursos disponibles para garantizar que ninguna mujer quede desprotegida frente a la violencia.
La lucha contra los feminicidios requiere una respuesta integral que incluya a todas las mujeres, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Es hora de abordar este problema con urgencia para construir una sociedad verdaderamente igualitaria
